Neurocirugia

El Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona ha abierto diligencias previas para investigar el caso de la mujer que falleció de aneurisma después de pasar por cuatro hospitales públicos y esperar 65 horas a ser operada por falta de quirófanos y de medios técnicos. La magistrada Silvia López Mejía adoptó esta decisión el pasado lunes, el mismo día que llegó a su juzgado la querella presentada por los familiares de la víctima contra Jaume Raventós Monjo, gerente del hospital Vall d’Hebron de Barcelona, y contra el jefe del servicio de neurocirugía de ese centro.

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En el Vall d’Hebron, uno de los dos centros de referencia de Cataluña para tratar esta dolencia, la mujer fue trasladada a la UCI con el diagnóstico de aneurisma que ya se le había realizado en el Josep Trueta. Los médicos anunciaron que sería operada el día 8, pero nada eso ocurrió. Ni el día 9. La razón no fue otra que la falta de quirófanos en Vall d’Hebron y la avería de la máquina que debía realizar una embolización para tratar el aneurisma, según consta en los documentos médicos que se adjuntan con la querella y según dijeron los responsables médicos a los familiares. Tras esos aplazamientos en Vall d’Hebron, la mujer fue derivada al hospital Clínic, donde fue operada a medianoche del día 9. Al cabo de 12 horas, la mañana del día 10, regresó a Vall d’Hebron.

Ese hospital considera que actuó correctamente y que cumplió el protocolo previsto para estos casos. Achaca la avería de la maquinaria a “fallos técnicos”. La querella, por el contrario, sostiene que la demora en la operación se explica por los recortes en la sanidad que la Generalitat ha aprobado.

La querella considera que ante la larga espera de la mujer en Vall d’Hebron sin ser intervenida, se cometió un delito contra los derechos individuales de los ciudadanos que prevén la Constitución y las leyes; así como otro delito por denegación de asistencia sanitaria. El primero está previsto en el artículo 542 del Código Penal y castiga con penas de uno a cuatro años de inhabilitación a quien impida el ejercicio de estos derechos. El segundo de los delitos que imputa la querella está recogido en el artículo 196 y sanciona con penas de multa al “profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios”.

La juez razona en su breve auto que, tras tener conocimiento de un hecho que pudiera ser delictivo, abre las diligencias previas para investigar “la naturaleza y circunstancias del hecho, así como a las personas que en el mismo hayan podido participar”. También acuerda comunicar los hechos al fiscal y pide a la familia que se ratifique en la querella, algo que ya hicieron ayer el esposo y las hijas de la víctima.

“Estamos esperanzados porque creemos que es el primer paso de un largo camino”, declaró ayer Natalia Fuertes, hija de la fallecida. “Pusimos la demanda porque confiamos en la justicia, a pesar de que recibí muchas sugerencias de que fuera por la vía civil para lograr una indemnización ante el tradicional corporativismo profesional con el que nos podemos topar”, añadió la hija.

Fuentes judiciales explicaron que la apertura de diligencias es el paso previo a que se empiecen a practicar las pruebas que propone la querella, redactada por el abogado Rafael Núñez, especializado desde hace más de 20 años en la defensa de pacientes afectados por el deficiente funcionamiento de la sanidad. De manera previa, la querella solicita que los cuatro hospitales por los que pasó la mujer -el hospital de Blanes, el Josep Trueta de Girona, el Vall d’Hebron y el Clínic- envíen al juzgado las historias clínicas completas de la paciente, así como del servicio médico que la atendió, las razones por la que fue derivada y que se identifique a las personas y servicios que intervinieron en cada caso. También se pide que se tome declaración a los querellados y a otros tres médicos del Vall d’Hebron en su condición de testigos.

El abogado de la familia calificó ayer de “trascendente” la apertura de diligencias previas. “La juez ya se ha pronunciado respecto a que los hechos pueden ser constitutivos de delito y, además, da traslado al fiscal de la causa para que actúe como garante de la legalidad”. El letrado considera que el auto responde a “la más absoluta normalidad del procedimiento”.

Cronología del caso

- Hospital de Blanes. Ingreso a las 5.10 del 7 de septiembre con pérdida de conciencia. Derivación.

- Hospital Josep Trueta de Girona. Ingreso a las 10.17. Diagnóstico de aneurisma. Derivación.

- Hospital Vall d’Herbon de Barcelona. Ingreso en la UCI a las 17.29. La operación se aplaza al día siguiente por falta de quirófano. La mañana del día 8 se vuelve a aplazar la intervención para el día siguiente por falta de medios. Esa tarde y noche la paciente sufre dos nuevos sangrados. El día 9 se aplaza otra vez la operación por falta de quirófano. Derivación.

- Hospital Clínic de Barcelona. Intervención quirúrgica a las 23.34 del día 9. Traslado.

- Hospital Vall d’Hebron. Ingreso a las 12.32 del día 10 y fallecimiento el día 16.

La familia ha presentado una querella en los juzgados de Barcelona contra el gerente del hospital Vall d’Hebron y contra el jefe del servicio de neurocirugía de ese centro, a los que imputa un delito contra los derechos individuales de los ciudadanos, por no garantizar la atención sanitaria de la paciente, y otro de denegación de asistencia sanitaria al que están obligados esos profesionales. La Generalitat de Cataluña, titular de los cuatro hospitales por los que pasó la mujer, defiende su actuación y considera que la paciente recibió el tratamiento que necesitaba y que no se produjo ninguna disfunción. El hospital Vall d’Hebron ha declinado hacer cualquier valoración al conocer que la familia estudiaba emprender acciones legales.

Los hechos de este caso se iniciaron la madrugada del pasado 7 de septiembre, cuando María del Carmen Mesa Nozal, de 65 años, se despertó con un intenso dolor de cabeza y pérdida de consciencia, dos de los síntomas habituales del aneurisma. Fue trasladada desde su domicilio de la localidad gerundense de Tossa de Mar al hospital de Blanes, donde ingresó a las 5.10. A la vista de esos síntomas y la imposibilidad de tratarla en un centro con recursos limitados como aquel, la derivaron al hospital Josep Trueta, la referencia sanitaria en la provincia de Girona. Allí ingresó a las 10.17. Se le realizaron varias pruebas y se concluyó que sufría un “aneurisma de arteria comunicante anterior roto con extensión a parénquima y coágulo intraventricular”, según el parte asistencial.

Según la querella, los médicos del Josep Trueta explicaron a los familiares la urgencia de la operación, pero advirtieron de que no podían realizarla porque ese hospital “se encontraba afectado por la reciente reordenación de los servicios establecida desde el departamento de Salud de la Generalitat [popularmente conocida como política de recortes sanitarios]“, según especifica el texto. Tras esa reorganización, el protocolo aplicable “obligaba a tratar este tipo de patologías agudas (con sangrado) en el centro de referencia fijado en el mapa sanitario, en este caso, el hospital Vall d’Hebron” de Barcelona, según la querella.

La paciente llegó en ambulancia a ese tercer hospital a las 17.29 del 7 de septiembre, con un diagnóstico que determinaba un grado cuatro en la tabla de Fisher, el más grave de todos. Este baremo cuantifica la afectación de la hemorragia subaracnoidea, que es como se denomina el aneurisma. Ingresó en la UCI y se le realizaron nuevas pruebas, pero no fue intervenida “porque los quirófanos del hospital del Vall d’Hebron estaban cerrados”, dice la querella. Los neurocirujanos dijeron a la familia que la operación se haría al día siguiente.

Ese hospital dispone de 39 quirófanos ordinarios y seis de urgencias. Según la querella, desde el pasado abril “habían dejado de funcionar por la tarde los quirófanos ordinarios que en el hospital del Vall d’Hebron venían haciéndolo desde hacía más de una década”. Esta circunstancia, “unido al hecho de haber pasado dicho hospital a ser centro de referencia en Cataluña en situaciones de urgencia como la presente, provocó el colapso asistencial que imposibilitó prestar la asistencia urgente que esa tarde necesitaba la señora Mesa”, dice la querella.

La mañana del 8 de septiembre la paciente fue trasladada sedada a quirófanos para realizarle una embolización, consistente en un sellado para impedir el ingreso del flujo de sangre arterial y detener el derrame. No pudo llevarse a cabo por falta de medios, según el informe de epicrisis del hospital Vall d’Hebron que acompaña la querella. “En la sala en que podemos realizar la angiografía no disponemos del sistema road mapping por lo que no se puede realizar el tratamiento endovascular” se dice.

La querella considera que “la precariedad de medios quedó evidenciada” y se vulneraron así los derechos cívicos de la enferma, al no poder ser atendida. La familia cree que en ese momento se la debería haber trasladado, pero los médicos no lo hicieron y aplazaron la operación para el día siguiente, 9 de septiembre. La tarde del día 8 la mujer sufrió dos nuevos sangrados y los médicos informaron a la familia del riesgo.

El 9 de septiembre la operación tampoco se realizó porque no había quirófanos y fue entonces cuando se la trasladó al hospital Clínic de Barcelona “dado el riesgo de nuevo sangrado”, según el informe médico del Vall d’Hebron. Al final la intervención se produjo a las 23.34 del día 9. El parte médico del Clínic recuerda que ingresó “al no ser posible tratamiento endovascular” en el centro del que procedía. A las 12.32 del 10 de septiembre volvió al Vall d’Hebron y falleció el día 16.

Un portavoz del departamento de Salud de la Generalitat explicó que el caso “no presenta ninguna anomalía ni particularidad fuera de lo que es habitual en estos pacientes”. También dijo que la mujer “estuvo atendida en todo momento de acuerdo con la gravedad de su enfermedad” y que “en ningún caso la muerte se puede atribuir a una posible falta de personal o de recursos para atenderla adecuadamente”.