Neurocirugia

Fuente:Diario de Córdoba:En el Hospital Reina Sofía, una mujer de 77 años, con cargo al servicio de Neurocirugía, permanecía en un sillón de Observación de Urgencias desde las 17.30 horas del domingo. Satse lamenta que se produzcan continuamente en Urgencias estas situaciones de pacientes que esperan horas una cama, cuando a día de ayer había 68 camas “cerradas” en el Hospital Provincial y otras 50 en Los Morales, todo por un “puro criterio economicista y para no contratar a profesionales”.

A la denuncia de Satse, la dirección-gerencia del hospital Reina Sofía replicó que ningún paciente llevaba ayer por la mañana esperando la asignación de una cama durante un día entero y que había algunos pacientes en el área de Observación aguardando una cama, pero “sí estaban allí es para estar mejor controlados o bien porque precisaban una cama especial, es decir, que no se le puede asignar cualquier habitación del complejo”.

Según los datos facilitados ayer por la Consellería de Sanidade, la espera para operarse en A Coruña-España con más de cuatro meses, es la especialidad con mayor tiempo.

Gallegos, catalanes, madrileños, andaluces… todos ellos tienen algo en común cuando su salud se quiebra: el enorme tiempo que deben emplear hasta que su problema se solvente. La sanidad es una competencia de las comunidades autónomas pero de momento ninguna ha sabido dar una solución a las inmensas listas de espera quirúrgica, diagnóstica y consulta especializada. Mientras tanto, el paciente se encuentra en un limbo del que desconoce la mayoría de las reglas y en el que tiene sólo una certeza: su enfermedad.

En mayo de 2003 la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud establecía que serían las comunidades autónomas las que fijaran unas garantías sobre los tiempos máximos de acceso a su cartera de servicios. Sin embargo, y ante el imparable aumento de pacientes a la espera de una intervención, en abril de 2004 el Ministerio de Sanidad y Consumo se comprometió a elaborar un protocolo común con las CCAA para mejorar el acceso a los servicios sanitarios.

En aquella fecha se anunció que una persona no debería esperar más de siete días para una prueba diagnóstica básica, 10 días para la primera consulta con el especialista y 45 días para una intervención quirúrgica programada. Casi tres años después, esos tiempos siguen siendo una utopía.

Hoy por hoy, las realidades son formalmente distintas en función de donde resida el paciente, pues cada comunidad ha desarrollado su Ley de Garantías. Un ejemplo son las leyes que ofrecen Castilla la Mancha o Cantabria. Mientras que la primera garantiza que el tiempo máximo para una prueba diagnóstica es de siete días, la comunidad de Cantabria fija esta espera en 30 días. También, y según estas normativas, un castellano-manchego será atendido en un periodo máximo de 90 días para una intervención quirúrgica programada no urgente y un cántabro no podrá quejarse hasta pasados los 180 días.

Las trampas del sistema
No obstante, las quejas de incumplimientos a estas leyes son generalizadas. “Hay hospitales que no incluyen al paciente en la lista de espera hasta que no pueden garantizar la operación. En algunos casos el médico le da largas en sucesivas visitas hasta que por fin le comunican el día en que le van a operar. A partir de ese momento es cuando la persona entra en la lista de espera, el tiempo anterior [sea mucho o poco] no cuenta”, afirma Carme Sabater, de la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad (CUS), una asociación independiente no vinculada a partidos y que, en boca de su directora, defiende los intereses de los usuarios en general.

Existen otras ‘trampas’ o formas de actuación para que los tiempos de espera no se eternicen por lo menos ante la opinión pública. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid presume de que ningún madrileño esperará más de 30 días para ser operado. Sin embargo, estos datos no son admitidos por el Ministerio de Sanidad. La razón de esta exclusión es que Madrid es la única Comunidad que contabiliza el tiempo de espera a partir de que el paciente tenga las pruebas de anestesia (requisitos muy cercanos a la intervención) sin que cuente el periplo desde el inicio de los síntomas hasta esta última visita con el anestesista.

Las leyes de cada comunidad recogen un tiempo máximo para una serie de patologías, pero un gran número de ellas no entran dentro de esas garantías
Además de las numerosas ‘trampas’ en el cumplimiento de las leyes que garantizan los tiempos para intervenciones quirúrgicas programadas no urgentes, el paciente debe sufrir la espera indefinida para el resto de las operaciones. Hay tres formas de acceder a un quirófano: por una enfermedad que precisa una operación urgente, por una patología para la que se fija una fecha de operación y para el resto.

“Ese resto representa el 75%-80% de las intervenciones para patologías medias o banales pero que interfieren en la vida laboral del enfermo, que genera numerosas bajas laborales, visitas médicas y que a la larga, si no se hace nada, se puede convertir en algo más serio”, explica Carme Sabater.

Poca información para un problema grave
Según datos de Sanidad, el 9% de los españoles superó los seis meses de espera para una intervención quirúrgica en 2005. A lo largo de este mes de enero las comunidades autónomas harán públicos los datos sobre el número de personas en lista de espera y el tiempo que los pacientes deben aguardar una intervención quirúrgica en su región.

“No hay un sistema transparente de información para el paciente”, afirma Albert Jovell, del Foro de Pacientes
Hasta el momento, Andalucía es la única zona que cuenta con las cifras de 2006. Según los datos a 31 de diciembre de 2006, el número de andaluces que aguardaban una intervención era de 47.716, mientras que la demora media se sitúa en 65 días, cuatro días menos que en 2005.

“La espera es un problema serio”, afirma Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes, institución que agrupa a más de 600 asociaciones.

El Foro, junto con la Universidad de Harvard (EEUU), realizó el pasado año un estudio, a través de una encuesta a 3.010 ciudadanos, para evaluar la confianza de los españoles en el Sistema Nacional de Salud. Entre otros aspectos este trabajo reveló que, sin distinción de la clase social, zona geográfica o densidad demográfica, las listas de espera son el principal problema de la sanidad española para el 78% de las personas entrevistadas.

Otro dato que muestra el estudio es que el 44% de estos sujetos no conoce sus derechos como usuarios de la sanidad. “Entiendo que las listas de espera son inevitables en un sistema público, el problema está en cómo se gestionan esas listas [...] No hay un sistema transparente de información para el enfermo. Los departamentos de atención al usuario deberían tener a alguien que atienda a ese paciente”, explica Jovell.

Las comunidades se comprometen a pagar los costes de una operación en un centro privado si el paciente supera los tiempos máximos de espera
Un ejemplo de esa falta de información sería el desconocimiento que tienen los ciudadanos sobre las leyes de garantías de tiempos máximos de su comunidad. En ellas se recoge que si se superan los tiempos establecidos, el paciente podrá requerir atención en el centro sanitario que elija, por ejemplo uno privado. En ese caso, el servicio de salud de cada CCAA estará obligado al pago de los gastos derivados de dicha atención sanitaria, aunque el enfermo deberá abonar esos gastos por adelantado.

Antes de dar ese paso, la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad aconseja al paciente que se dirija por escrito al centro en el que se encuentra en lista de espera para comunicarle su decisión. “Si no cuenta con un documento en el que se registre que ha sobrepasado el tiempo establecido en su comunidad y la decisión de actuar libremente [que va a acudir a otro centro para intervenirse], podría tener sorpresas a la hora de reclamar la factura al sistema público”, afirma Sabater.

El especialista y las pruebas, otros asuntos pendientes
Pero no sólo las asociaciones de pacientes son las que ponen la atención sobre este tema. En el último informe anual de El Defensor del Pueblo se hace hincapié en que, a pesar de que durante 2005 la mayoría de los servicios de salud de las CCAA han establecido garantías para regular la demora quirúrgica, se olvidan con frecuencia de las áreas de consultas externas y de técnicas y pruebas diagnósticas.

“Cabe traer a colación la persistencia de tiempos de espera de varios años, para la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida en un representativo número de consultas de centros hospitalarios; de dos años para la realización de densitometrías óseas [prueba para determinar el grado de osteoporosis] determinadas por los especialistas del centro de especialidades de Argüelles, de Madrid, [...]; de seis meses en el servicio de digestivo del centro de especialidades de Orihuela, de Alicante; de seis meses en el servicio de urología del centro de especialidades de Argüelles…”, cita el informe refiriéndose a datos de 2005.

Salvo la oficina del Defensor del Pueblo, la mayoría de los servicios sanitarios de cada comunidad no ofrece datos de listas de espera para pruebas diagnósticas tan frecuentes como una radiografía, una citología o una colonoscopia.

Los días, semanas, meses que una persona emplea en conseguir una cita para realizarse una prueba y luego conseguir su resultado pasan desapercibidos para casi todas las autoridades.

Ángel Solís Padrones (Bilbao, 1964) es director médico del hospital Can Misses en Ibiza desde septiembre del 2011, y hace un repaso a la situación actual de la neurocirugía con respecto al nuevo hospital:

Queremos concertar los casos urgentes y emergentes en neurocirugía con la Policlínica (clínica privada); los casos programados, no.

Nuestra idea es que no se desplacen los pacientes con un problema neuroquirúrgico urgente en la que el tiempo es oro. En los ocho primeros meses de 2010 fueron 47 pacientes trasladados de urgencia a Palma de Mallorca desde Ibiza.

Imagine que llega al hospital Son Espases en Palma, se vegetaliza y después fallece. Luego lo tienes que trasladar a Ibiza, con el coste económico y emocional que supone. Esto con el nuevo hospital tendrá otras soluciones.

-¿Desde cuándo se está negociando el concierto?
-Desde noviembre.

«No somos Eduardo Manostijeras»
-¿No teme que con esas medidas se corre el riesgo de que no se garantice la calidad del servicio a los pacientes?
-Para nada; si no, no sería director médico. Soy copartícipe en la gestión de los recursos, pero mi primera misión son los pacientes y la asistencia. Si veo que una mañana tengo a muchos profesionales en un servicio concreto y por la tarde pocos, pues lo que hago es homogeneizar para organizar mejor. Intentar mejorar, pero no disminuir la calidad.
-Pero los sindicatos advierten de que con estas medidas, como el cierre de las catorce camas, aumentará la lista de espera.
-La primera cuestión es siempre la asistencia que viene acompañado de la gestión de los recursos, pero no somos ‘Eduardo Manostijeras’. Soy director médico y mi compromiso es con los profesionales del hospital, que son mis compañeros. Algunas veces les das algún disgusto y eso es inevitable.